50 años de la Convención de Estupefacientes
Por Ricardo Soberón
Noticias SER, 23/03/2011
En estos días, se cumplen los 50 años de la suscripción de la Convención Unica de Estupefacientes de 1961, instrumento que le dio inicio al régimen moderno del Control de Drogas que hoy está vigente en el mundo. El día de ayer 22/3, en el inicio del 54 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (Viena), el Director ejecutivo de la UNODC, Yuri Felatov, dijo que la Convención no estaba obsoleta, pero había que revitalizarla. Veamos las consecuencias para América Latina. La verdad es que durante el período de 1998 (UNGASS) y 2008, se hicieron intentos para evaluar lo hecho hasta hoy por la comunidad internacional, pero con muy pocos resultados. Sin embargo, en el plano local son muchas las ciudades y los países que en la práctica se han salido del régimen en busca de soluciones más efectivas, desde el campo de la salud y el derecho administrativo.
En primer lugar, quisiéramos establecer que el régimen internacional fundado por la Convención de 1961, 1971 y 1988, fue la puerta de entrada para que EE.UU ponga en funcionamiento todos los componentes propios de la Guerra contra las Drogas desde la Iniciativa Andina en 1989, las Cumbres antinarcóticos de 1990 y 1991, el “Plan Colombia” (2000-2005) y la “Iniciativa Mérida” (2006 hasta la fecha). En ese sentido, el territorio de América Latina ha sido el escenario donde se ha privilegiado esta suerte de guerra de baja intensidad, que ha sido un fracaso en términos del combate al crimen organizado. Todas estas acciones de orden político represivo, tienen por detrás el sustento del régimen internacional iniciado con dicha Convención Unica.
Los costos de esta guerra impuesta por Washington e implementada por la DEA, el Comando Sur, la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias, han sido terribles en términos de violencia, corrupción, debilitamiento de las democracias, conflictos internos y desarrollo rural: líderes corruptos como Noriega y Fujimori, el calentamiento de las fronteras (Angostura, Putumayo), la guerra en las “favelas” cariocas y el desmadre de Ciudad Juárez en México, son los símbolos más visibles de este fracaso. La economía ilegal del narcotráfico fundamenta los US$ 320,000 millones anuales de ganancia en el régimen jurídico que la sostiene y permite los enormes márgenes de ganancia.
En segundo lugar, en lo que se refiere a los cultivos de coca (promedio de 200,000 hás anuales que producen 1,000 toneladas de cocaína) que se cultivan en la vertiente oriental de los Andes sudamericanos, la Convención Unica fue el instrumento jurídico que terminó el proceso de penalización iniciado por la Comisión de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1949 hasta 1952. Por ejemplo, los artículos 23 y 29 establecen el régimen monopólico de toma de posesión de las cosechas, que se refleja en la persistencia de ENACO (empresa monopólica que compra barato a campesinos pobres y vende caro a campesinos más pobres de la Sierra peruana)
Este régimen subsiste hasta la fecha, pese a los intentos de relativizarlo a través del artículo 14 de la Convención de 1988 que reconoce los usos lícitos donde exista la evidencia histórica. En marzo del 2009 el presidente Morales inició el procedimiento jurídico para dejar sin efectos los artículos 49 y 51 del mismo instrumento (sobre la prohibición del consumo tradicional de la coca en 25 años, 1961-1989). Vencido el plazo para que el resto de países tomen su posición, 18 países se opusieron a la solicitud boliviana de enmienda, bajo el supuesto que afectaría la integridad del régimen en su conjunto.
A la luz del actual sistema internacional de los Derechos Humanos, que se origina en la propia Organización de las Naciones Unidas y que se funda en la Declaración Universal y un numeroso conjunto de tratados, convenios, declaraciones, la Guerra contra las Drogas se convierte en un motor de ineficacia y violaciones flagrantes y sistemáticas, por lo menos de los siguientes derechos y principios: los principios de Soberanía y No injerencia en asuntos domésticos contenidos en la Carta de la ONU, el derecho a la libertad individual, al debido proceso, el derecho de los Pueblos Indígenas al respeto a sus costumbres y el uso de sus recursos naturales (plantas).
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* Tomado de: http://www.noticiasser.pe/23/03/2011/estado-drogas-y-selva/50-anos-de-la-convencion-de-estupefacientes
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jueves, 19 de mayo de 2011
Guerra contra las drogas (1971-2011)
Drogas: 40 años de fracasos
Por Ricardo Soberón
Noticias SER, 04/05/2011
El 17 de junio de 1971, mientras se iniciaba el ciclo que terminaría con la derrota militar y posterior salida del ejército norteamericano de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon daba su discurso que declaraba al narcotráfico como una amenaza a la Seguridad Nacional de los EE.UU, dando inicio a un largo ciclo de 40 años de errores, fracasos y efectos colaterales de esta guerra contra las drogas.
A partir de ese momento, los esfuerzos políticos presupuestales, policiales y militares de los diversos organismos de los EE.UU. (FBI, DEA, Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, Comando Sur, Consejo Nacional de Seguridad, entre los más importantes), han estado dirigidos a pelear una guerra falsa (citando el libro de Michael Levine, un ex agente de la DEA decepcionado de los fracasos y contradicciones de la labor de su organización). Esta escalada ha estado sustentada en la aplicación de políticas domésticas, pero sobretodo en la aplicación de la guerra en aproximadamente 40 países productores, entre ellos, Laos, Afganistán, México, Colombia y Perú.
Para ello sucesivos gobiernos norteamericanos republicanos y demócratas- han solicitado y obtenido de sus Congresos, una creciente cantidad de fondos aplicados en la Reducción de la Oferta (de cultivos de coca, amapola y cannabis), bajo el concepto que “es más fácil matar a las abejas en el panal”. Un promedio de US$ 20,000 millones anuales, se han venido entregando para librar una guerra basada en la interdicción, y solo posteriormente, en el desarrollo rural alternativo.
Desde 1989, con el advenimiento de la Iniciativa Andina promovida por George Bush padre, hemos atestiguado la erradicación de cultivos de forma forzosa, mediante la fumigación química (con glifosato) y biológica (con el hongo fusarium oxysporum), la represión de miles de campesinos cocaleros en Colombia, Perú y Bolivia –en este último país fue esta represión indiscriminada y sus efectos en materia de violaciones a los DD.HH que permitieron la ascensión al poder de Evo Morales-. Las Cumbres de Cartagena en 1990 y San Antonio en 1991, fueron meros ejercicios discursivos, pero que permitieron a Washington concentrar el interés de los países andinos para librar una guerra no deseada ni promovida desde los Andes. A partir de 1988 la ONU se convirtió en el paraguas de esta guerra a través de los mecanismos de las convenciones internacionales de 1961, 1971 y 1988. A propósito, en los próximos meses, se cumplen 50 años de la primera de tales convenciones.
Conforme pasaron los años, los presidentes y los intereses fundamentales de los EE.UU., particularmente en el caso de América Latina, la Guerra contra las Drogas desatada por Nixon pasó por el “Plan Colombia” (2000-2005), mayor instrumento de apoyo económico para emprender al mismo tiempo la guerra contra los cultivos y la guerra contra la guerrilla de las FARC. En ambos cados, y a pesar de algunos éxitos cosméticos de los gobiernos colombianos de turno (Uribe y Santos), el “Plan Colombia” ha sido un fracaso, ha permitido la modificaciones de los otrora carteles de Cali y Medellín en nuevas bandas organizadas que hoy se llaman BANCRIM (más de 400 de ellas, mayormente integradas por paramilitares desmovilizados en el 2006) que hacen inútiles los esfuerzos de la fuerza pública colombiana, a pesar de las incautaciones, capturas y decomisos.
Mientras tanto, la economía de las drogas declaradas ilícitas se mueve bajo códigos y ciclos muy distintos, que le permiten modificarse permanentemente, para responder a los esfuerzos que hace la comunidad internacional para atenuar la oferta y demandas ilícitas. La existencia de entre 15 y 19 millones de personas que usan cocaína en el mundo occidental, así como los niveles de pobreza rural existentes en las laderas orientales de los Andes amazónicos, se convierte en los factores estructurales que hacen inútiles los esfuerzos de los guerreros de la lucha antidrogas, desde William Bennett en los inicios de los 90, Barry Mc Caffrey y hora Gil Kerlikowsky, en su momento zares antidrogas norteamericanos conductores de la cruzada contra inmigrantes, población afro, indígenas. En paralelo, la economía y el sistema financiero occidentales han permitido la inserción de una economía que moviliza US$ 400,000 millones anuales, y que usa el sistema financiero para lavar sus activos.
¿Qué tenemos en la actualidad? El mayor consenso que puede tener el mundo es que esta guerra ha sido un fracaso y requiere cambios estructurales. Para empezar que EE.UU. deje a cada país adoptar decisiones autónomas e independientes en la materia, evitando costos colaterales en materia de derechos humanos (salud, desarrollo para citar dos ejemplos).El principio de corresponsabilidad debe ser revisado, pues el peso de la guerra es soportado por países pobres mientras la cooperación internacional sigue retrocediendo a cambio de políticas neoliberales que han ayudado (ver http://www.ciddh.com/) a cimentar las bases de la concentración de la tierra, apertura de mercados de materias primas, la desregulación del sistema financiero, elementos todos que han favorecido el narcotráfico. Así pues, aunque Nixon sea reconocido por el escándalo de Watergate, debemos recordarlo tristemente como el promotor de una guerra sin sentido que exige un fin cercano, al menos en el Perú a partir del 5 de junio próximo.
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* Tomado de: http://www.noticiasser.pe/04/05/2011/estado-drogas-y-selva/en-edicion
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Por Ricardo Soberón
Noticias SER, 04/05/2011
El 17 de junio de 1971, mientras se iniciaba el ciclo que terminaría con la derrota militar y posterior salida del ejército norteamericano de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon daba su discurso que declaraba al narcotráfico como una amenaza a la Seguridad Nacional de los EE.UU, dando inicio a un largo ciclo de 40 años de errores, fracasos y efectos colaterales de esta guerra contra las drogas.
A partir de ese momento, los esfuerzos políticos presupuestales, policiales y militares de los diversos organismos de los EE.UU. (FBI, DEA, Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, Comando Sur, Consejo Nacional de Seguridad, entre los más importantes), han estado dirigidos a pelear una guerra falsa (citando el libro de Michael Levine, un ex agente de la DEA decepcionado de los fracasos y contradicciones de la labor de su organización). Esta escalada ha estado sustentada en la aplicación de políticas domésticas, pero sobretodo en la aplicación de la guerra en aproximadamente 40 países productores, entre ellos, Laos, Afganistán, México, Colombia y Perú.
Para ello sucesivos gobiernos norteamericanos republicanos y demócratas- han solicitado y obtenido de sus Congresos, una creciente cantidad de fondos aplicados en la Reducción de la Oferta (de cultivos de coca, amapola y cannabis), bajo el concepto que “es más fácil matar a las abejas en el panal”. Un promedio de US$ 20,000 millones anuales, se han venido entregando para librar una guerra basada en la interdicción, y solo posteriormente, en el desarrollo rural alternativo.
Desde 1989, con el advenimiento de la Iniciativa Andina promovida por George Bush padre, hemos atestiguado la erradicación de cultivos de forma forzosa, mediante la fumigación química (con glifosato) y biológica (con el hongo fusarium oxysporum), la represión de miles de campesinos cocaleros en Colombia, Perú y Bolivia –en este último país fue esta represión indiscriminada y sus efectos en materia de violaciones a los DD.HH que permitieron la ascensión al poder de Evo Morales-. Las Cumbres de Cartagena en 1990 y San Antonio en 1991, fueron meros ejercicios discursivos, pero que permitieron a Washington concentrar el interés de los países andinos para librar una guerra no deseada ni promovida desde los Andes. A partir de 1988 la ONU se convirtió en el paraguas de esta guerra a través de los mecanismos de las convenciones internacionales de 1961, 1971 y 1988. A propósito, en los próximos meses, se cumplen 50 años de la primera de tales convenciones.
Conforme pasaron los años, los presidentes y los intereses fundamentales de los EE.UU., particularmente en el caso de América Latina, la Guerra contra las Drogas desatada por Nixon pasó por el “Plan Colombia” (2000-2005), mayor instrumento de apoyo económico para emprender al mismo tiempo la guerra contra los cultivos y la guerra contra la guerrilla de las FARC. En ambos cados, y a pesar de algunos éxitos cosméticos de los gobiernos colombianos de turno (Uribe y Santos), el “Plan Colombia” ha sido un fracaso, ha permitido la modificaciones de los otrora carteles de Cali y Medellín en nuevas bandas organizadas que hoy se llaman BANCRIM (más de 400 de ellas, mayormente integradas por paramilitares desmovilizados en el 2006) que hacen inútiles los esfuerzos de la fuerza pública colombiana, a pesar de las incautaciones, capturas y decomisos.
Mientras tanto, la economía de las drogas declaradas ilícitas se mueve bajo códigos y ciclos muy distintos, que le permiten modificarse permanentemente, para responder a los esfuerzos que hace la comunidad internacional para atenuar la oferta y demandas ilícitas. La existencia de entre 15 y 19 millones de personas que usan cocaína en el mundo occidental, así como los niveles de pobreza rural existentes en las laderas orientales de los Andes amazónicos, se convierte en los factores estructurales que hacen inútiles los esfuerzos de los guerreros de la lucha antidrogas, desde William Bennett en los inicios de los 90, Barry Mc Caffrey y hora Gil Kerlikowsky, en su momento zares antidrogas norteamericanos conductores de la cruzada contra inmigrantes, población afro, indígenas. En paralelo, la economía y el sistema financiero occidentales han permitido la inserción de una economía que moviliza US$ 400,000 millones anuales, y que usa el sistema financiero para lavar sus activos.
¿Qué tenemos en la actualidad? El mayor consenso que puede tener el mundo es que esta guerra ha sido un fracaso y requiere cambios estructurales. Para empezar que EE.UU. deje a cada país adoptar decisiones autónomas e independientes en la materia, evitando costos colaterales en materia de derechos humanos (salud, desarrollo para citar dos ejemplos).El principio de corresponsabilidad debe ser revisado, pues el peso de la guerra es soportado por países pobres mientras la cooperación internacional sigue retrocediendo a cambio de políticas neoliberales que han ayudado (ver http://www.ciddh.com/) a cimentar las bases de la concentración de la tierra, apertura de mercados de materias primas, la desregulación del sistema financiero, elementos todos que han favorecido el narcotráfico. Así pues, aunque Nixon sea reconocido por el escándalo de Watergate, debemos recordarlo tristemente como el promotor de una guerra sin sentido que exige un fin cercano, al menos en el Perú a partir del 5 de junio próximo.
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* Tomado de: http://www.noticiasser.pe/04/05/2011/estado-drogas-y-selva/en-edicion
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