Población peruana creció en 335 mil 761 personas
La República, Lima, sábado, 09/07/2011
El INEI, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Población reveló que la población del Perú al 30 de junio del presente año alcanza los 29 millones 797 mil 694 habitantes, lo que representa un incremento de 335 mil 761 personas en el último año, así lo afirmó el jefe de dicha entidad Alejandro Vílchez.
Los seis departamentos del país que concentran el 57,0% de la población total son:
- Lima (31,05%),
- Piura (5,99%),
- La Libertad (5,94%),
- Cajamarca (5,06%),
- Puno (4,58%) y
- Junín (4,40%);
en tanto que, con menor proporción de población están:
- Madre de Dios (0,42%),
- Moquegua (0,58%),
- Tumbes (0,75%),
- Pasco (0,99%),
- Tacna (1,09%),
- Amazonas (1,39%) y
- Apurímac (1,51%).
Vílchez indicó que al 30 de junio de 2011, la edad mediana de la población peruana se sitúa en 25,9 años. Hace dos décadas era 20,7 años.
Asimismo, la población adulta mayor (65 y más años de edad) representa el 6,0% de la población total. Los mayores porcentajes se presentan en los departamentos de:
- Arequipa (7,0%),
- Lima y Áncash (6,8% cada uno),
- Moquegua (6,7%),
- Provincia Constitucional del Callao (6,6%) e
- Ica (6,5%).
Mientras que, las personas octogenarias superan la cifra de 302 mil y la mayoría son mujeres (58,3%). Por otro lado, alrededor de un 29,5% de la población aún no alcanza la edad laboral.
Los jóvenes de 15 a 29 años de edad, al 30 de junio del año 2011, es de 8 millones 171 mil 356 personas, que representa el 27,4% de la población total (29 millones 797 mil 694). Este grupo de población en el año 2000 llegó a 7 millones 421 mil 162 habitantes y representó el 28,6% de la población total (25 millones 983 mil 588); se estima que en el año 2021 ascenderá a 8 millones 512 mil 764 habitantes.
Durante la última década, la población peruana de 65 y más años de edad, se viene incrementando de manera sostenida, reflejando un aumento superior a la tasa media de crecimiento poblacional. Mientras que la población total crece a un ritmo promedio anual de 1,14%, la población adulta mayor de 65 y más años aumenta a un promedio anual de 3,24%.
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* INEI: http://www.inei.gob.pe/
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/09-07-2011/poblacion-peruana-crecio-en-335-mil-761-personas
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sábado, 16 de julio de 2011
domingo, 10 de julio de 2011
PERU: Gobierno aprista (2006-2011) y conflictos sociales
¿Y dónde está el Presidente?
Por Carlos Castro
La República, Lima, domingo, 26/06/2011
Cuarenta y tres días después que el conflicto de Puno se extendiera por las provincias de esa región y 48 horas más tarde que seis personas, entre manifestantes y pobladores, perdieran la vida como producto de la violencia desatada en ese departamento, el presidente Alan García se pronunció para afirmar que las protestas no son contra su gobierno sino que buscan “presionar al presidente Ollanta Humala” porque sus organizadores “creen que es momento de adueñarse de una parte del poder en el cambio de gobierno”. Es de suponer que el mandatario saliente tendrá la misma percepción de los conflictos suscitados en Huancayo y Huancavelica que dejaron en este último lugar tres nuevas víctimas de la violencia social.
Peculiar forma del primer mandatario de pasar la pelota de los conflictos a su sucesor, olvidando que hace unos meses, cuando el Jurado Electoral le recordó que no podía promocionar sus obras en la campaña electoral, respondió que gobernará “hasta el último minuto de mi mandato”. Según parece cuando el Presidente hablaba de gobernar hasta el 28 de julio se refería a la inauguración de las obras públicas que tiene en su agenda: Cristo del Pacífico, tren eléctrico, Estadio Nacional, Teatro Nacional, entre otras, y no a resolver los problemas sociales que son su “regalo” a Ollanta Humala.
García dice sentirse orgulloso de haber mantenido el crecimiento del país, pero los conflictos que le deja a OH son peor que una bomba de tiempo. De los 80 que encontró cuando asumió su mandato la cifra se ha elevado a 230, según reporte de la Defensoría del Pueblo. Y de ellos 159 están activos y 71 en estado latente, con un saldo hasta hoy de 88 muertos. Aquí algunos de los conflictos que encontrará Ollanta tan pronto se instale en Palacio: Bagua y los pueblos amazónicos con su demanda de la Ley de Consulta Previa; Doe Run que lleva más de dos años paralizada; Majes- Siguas II que enfrenta a los pueblos de Arequipa y Cusco; Proyecto de la Hidroeléctrica de Inambari que es rechazado por Puno, Cusco y Madre de Dios; minería informal en Madre de Dios, cuya erradicación fue suspendida tras la muerte de dos mineros; Tía María en Arequipa, también suspendida después que las protestas dejaran 4 muertos; Islay en Arequipa; lo de la minera Buenaventura en Oyón, paralizada tras 4 muertes.
OH ha reiterado que apelará al diálogo para enfrentar el conflicto. Ante el panorama, tendrá que actuar de inmediato y no como ha ocurrido a lo largo de este gobierno, que primero rechaza los reclamos, sataniza a los manifestantes, pero después tras la protesta, el bloqueo de carreteras y el saldo de varias víctimas, termina por derogar sus decretos. Es lo que acaba de suceder en Puno, Huancayo y Huancavelica. Esperemos que los actores del gobierno que se instala este 28 de julio, en medio de una gran expectativa y esperanza de cambio, no cometan los mismos errores.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/26-06-2011/y-donde-esta-el-presidente
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Todos los muertos del Presidente
Por Vilma Escalante
Diario16, Lima, Julio 1, 2011
Faltan 28 días para que culmine el segundo gobierno de Alan García y hay un balance negativo –doloroso- que no debe perderse de vista sobre el régimen saliente. Son ciento tres los peruanos que perdieron la vida en más 250 conflictos sociales ocurridos en diferentes puntos del país, en estos cinco años. A decir de activistas de Derechos Humanos, esta trágica cifra pudo evitarse si el Estado hubiera optado por políticas de prevención, en vez de recurrir a las violentas represiones.
“Quien tiene la responsabilidad es el propio presidente Alan García”, afirmó a diario16, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo. El activista enfatizó que el mandatario no debería exhibir un espíritu festivo antes de finalizar su mandato, pues el saldo que deja su gestión es desolador.
Jugo Viera cuestionó que, para García, la solución de las protestas sociales haya pasado por la violencia y no por medio de las mesas de diálogo. “Debemos recordar que en los hechos de Moquegua, el Presidente dijo que el general (Alberto) Jordán debió disparar contra los manifestantes, llegando a afirmar que primero se dispara y luego se pregunta”, acotó.
Una cifra que también se lamenta es que en los cinco años de mandato de Alan García, es cuando más efectivos policiales han perdido la vida, precisamente por la política equivocada de García Pérez para resolver los conflictos sociales. Solo basta recordar cada protesta para que nos venga a la mente las imágenes de policías en la primera línea de ataque. El activista de derechos humanos pone como ejemplo el violento desalojo del Bosque del Pómac, en enero del 2009, donde perdieron la vida los policías Carlos Peralta Padilla y Fernando Hidalgo.
“Todo por una absurda forma de ver los conflictos donde se prioriza la participación policial a una solución política”, finalizó.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, precisó que la administración García quiso imponer una normatividad para criminalizar la protesta social y mencionó como ejemplo el Decreto Legislativo 1095, que permitía avalar el uso de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas armadas, en casos de conflictividad y protesta social.
Silva Santisteban precisó que por la indiferencia con que actúa el Ejecutivo ante una protesta, en la población se percibe la lógica que la única forma de hacerse escuchar es “la toma de carreteras”.
Debido a que dos tercios de los conflictos sociales son de carácter medio-ambiental, el representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruíz, sostuvo que el gobierno maneja una política a favor de la minería, en perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas.
“Nadie les consulta sobre las concesiones mineras y se olvidan del Convenio 169 de la OIT”, alegó. Hay que precisar que este documento establece la consulta previa a las comunidades indígenas para que decidan sobre las inversiones que hasta la fecha no es aprobada por el Parlamento.
Indicó que el gobierno ha optado durante todo su mandato por una respuesta penal represiva, en vez de una de índole político. Paradójicamente, Alan García en entrevista concedida a la revista Caretas, defiende la cuestionable política con la que su gobierno reprimió los conflictos sociales. En su ego, no hay mea culpa.
“Yo soy un demócrata y busco sobre todo que se respeten los derechos humanos y la vida de las personas. Ahora, cuando llega el momento no queda más remedio que usar las armas”, sostuvo al ser consultado por los informes de inteligencia que advertían de la toma del aeropuerto de Juliaca.
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* Tomado de: http://diario16.pe/noticia/6882-todos-los-muertos-del-presidente
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Mal comienzo, peor final
Por Fernando Rospigliosi
La República, Lima, domingo, 03/07/2011
El manejo de los conflictos en el gobierno de Alan García ha sido desastroso. Empezó mal, con Combayo, Cajamarca, y está terminando peor, con Puno y Huancavelica.
Al inicio del gobierno, los apristas, con la soberbia que los caracteriza, dijeron que el gobierno de Alejandro Toledo no había sabido manejar los conflictos sociales, que ellos, políticos avezados, sí podían hacerlo bien.
El premier Jorge del Castillo, altanero y arrogante, sostuvo que él mismo se iba a encargar de resolverlos. Su primera experiencia, en setiembre del 2006, fue deplorable. Los comuneros de Combayo bloquearon una carretera en Cajamarca y Del Castillo los recibió en Lima, con el antiminero Marco Arana incluido, y presionó a la empresa Yanacocha para que ceda a sus demandas.
La ministra del Interior dijo que no se podía aplicar la ley a los que bloquean carreteras porque son pobres.
La señal estaba clara y todos en el Perú la entendieron. Cualquier reclamo, justo o injusto, tenía que tramitarse con una secuencia de bloqueo de carreteras –o cualquier acto violento similar–, mesa de diálogo, más amenazas y capitulación del gobierno.
La política gubernamental continuó, como calcada del comportamiento errático del presidente de la República, oscilando entre la pasividad y el uso excesivo de la fuerza.
Ciento tres muertos
El gobierno aprista ha combinado los peores resultados que podían imaginarse. Ha cedido frente a casi todas las demandas respaldadas por la violencia, y en cinco años ha producido 103 víctimas fatales. (Diario16, “Todos los muertos del Presidente”, 1.7.11).
Alan García podría decir, parafraseando a Jorge Trelles, “nosotros matamos más” en conflictos sociales que cualquier otro gobierno.
En conflictos donde los revoltosos recurren a la violencia existe una alta posibilidad de que se produzcan heridos y, a veces, muertos. Pero las fuerzas del orden, con entrenamiento y equipamiento adecuados, pueden actuar con energía y firmeza reduciendo al mínimo la posibilidad de víctimas.
Usar armas como fusiles y pistolas para enfrentar desórdenes sociales debe ser la excepción, solo en caso de que haya que combatir a adversarios también premunidos de esas armas. Un caso es el desalojo del bosque de Pómac. Pero allí murieron dos policías, abatidos por facinerosos, y la Policía no aniquiló a ninguno de los agresores, que escaparon tranquilamente. Un desastre de operativo.
Armas no letales
En casi todos los casos los manifestantes están armados con piedras, hondas, palos y otros elementos que pueden causar daño, pero que no ameritan el uso de fusiles o pistolas por parte de las fuerzas del orden.
Hoy en día existen muchas armas no letales que son eficaces. Empezando con las escopetas que pueden disparar perdigones de goma o de plomo, y que usadas adecuadamente no causan la muerte ni heridas graves.
La Policía también podría usar varios tipos de vehículos antidisturbios. Sería una muy buena inversión, en lugar de derrochar millones en tanques chinos inservibles. (La República, “Ejército no puede devolver a China cinco tanques MBT-2000 por falta de recursos”, 1.7.11).
Pero el gobierno ha actuado con un desprecio absoluto por la vida de los manifestantes y de los policías, como muestra el caso de Bagua. Esa matanza, la más grande de toda la historia del Perú en un conflicto social, se produjo exclusivamente por la incompetencia del gobierno, del presidente, la ministra del Interior, el director de la Policía y los jefes del operativo.
Allí los revoltosos estaban armados de lanzas, flechas, piedras. Las armas de fuego que usaron se las arrebataron a los propios policías, muchos de los cuales se rindieron por la negligencia criminal de los responsables políticos y sus mandos.
El peor desempeño
La displicencia del presidente de la República y el gobierno tuvieron papel importante en Bagua y en los sucesos recientes de Puno. Esperaron a que los manifestantes se cansaran, cosa que no ocurrió.
En varios casos –Bagua, Pómac, Puno– ha sido evidente la presencia de gente organizada, casi militarmente, para provocar el máximo de daños. Un excelente reportaje de Ricardo Uceda sobre Puno da cuenta de ello. (Poder, “Puno: prueba de fuego”, junio 2011). Se requiere inteligencia y firmeza para enfrentarlos.
En conclusión, el gobierno aprista de Alan García ha tenido el peor de los desempeños posibles para manejar los conflictos sociales. Ha cedido casi siempre a los reclamos violentos; ha amenazado a los revoltosos con discursos inflamados que solo irritan más a los manifestantes; no ha aplicado la ley a los que han conducido y ejecutado bloqueos, secuestros, asesinato de policías y destrucción de locales –la impunidad alienta el delito–; y ha hecho uso excesivo de la fuerza con el resultado de más de cien muertos.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/03-07-2011/mal-comienzo-peor-final
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Los desnudos y los muertos
Por Nelson Manrique
La República, Lima, martes, 05/07/2011
Las muertes producidas en Huancavelica, Tayacaja y Puno no son un hecho aislado. La forma como ha manejado Alan García los conflictos sociales estos años es ominosamente resumida por las cifras; durante su gobierno 103 peruanos perdieron la vida en algo más de 250 conflictos sociales (“Todos los muertos del Presidente”, Diario16, 1/7/11): casi un muerto por cada dos conflictos sociales. Existe una directa responsabilidad de García en este resultado. En julio del 2007 promulgó el DL 982, que modificaba el Código Penal declarando inimputables a los miembros de la PNP y de las FFAA que maten o hieran a civiles en sus operativos. Se decretó esta medida en lugar de aprobar la ley de consulta a los pueblos sobre las decisiones que atañen a su porvenir, su vida y sus territorios, algo a lo que el Estado estaba obligado por ser suscriptor del Convenio 169 de la OIT. El 2008, cuando se lamentaba la muerte de tres campesinos durante el desbloqueo de una carretera, García dio a los policías el consejo de que disparen primero y piensen después. El resultado se vio en Bagua, al año siguiente.
Sun Tzu, uno de los mayores genios militares de la historia de la humanidad, escribió hace 2.500 años preguntándose cómo ganar una guerra sin tener que librar batallas. Eso es posible –explicó– si se logra crear una correlación de fuerzas tan aplastantemente favorable a uno de los contendientes que sería irracional para el otro ir a un enfrentamiento armado. Eso, trasladado a la política, supone crear consensos muy amplios en torno a las medidas que un gobernante pretende implementar, de tal manera que la oposición sea mínima y sea innecesario recurrir a la violencia.
¿Por qué no actuó García de esta manera? Según la versión oficial, el problema fue de deficiencias en la comunicación, pero la razón verdadera es otra: el grueso de los conflictos se dio en torno a las actividades extractivas, especialmente mineras, y las medidas que García pretendía imponer favorecían a las grandes empresas transnacionales e iban en contra de los intereses de las mayorías involucradas. Ante la imposibilidad de lograr un amplio apoyo, se recurrió entonces a una combinación de engaños, sorpresas, mecidas y, finalmente, bala. Da una medida de la carencia de base social de estas propuestas que en la virtual totalidad de los casos, luego de producido el saldo de dolorosas pérdidas humanas, se terminara retrocediendo y dando la razón a los protestantes, lo cual por cierto no va a devolver la vida a los asesinados.
[ ... ]
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* Continua en: http://www.larepublica.pe/05-07-2011/los-desnudos-y-los-muertos
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Movimiento social y nuevo gobierno
Por Javier Diez Canseco
La República, Lima, lunes, 27/06/2011
A un mes del cambio de gobierno, acontecimientos violentos y sangrientos ponen en primer plano los conflictos larvados y la explosividad a flor de piel de sectores sociales excluidos, marginados o simplemente ignorados en sus demandas por un gobierno que se despide con un triste récord de muertes en conflictos sociales.
Los hechos más graves se han dado en Puno. Confluyeron varios conflictos alrededor de proyectos mineros ilegal y arbitrariamente concesionados, que no fueron materia de consulta previa con la población, que son vistos como una amenaza al agua y al medio ambiente, o tienen un impacto contaminante, desatendido por la autoridad. Numerosos muertos y heridos ha sido el precio pagado por la derogatoria de normas que se han firmado con la pluma mojada en sangre. Los acontecimientos del sur aymara, de Azángaro y Ayaviri en Juliaca parecen haber encontrado un canal de encauzamiento, pero no tocan el tema pendiente en Carabaya, donde se rechaza la proyectada megahidroeléctrica de Inambari y su impacto negativo en la zona. Puno reafirma que el centro de la conflictividad social hoy, en el Perú, está en los proyectos de las industrias extractivas y particularmente mineras.
Es indispensable una zonificación del territorio nacional que, junto a la identificación de la presencia de recursos naturales, precise la vocación de las diferentes localidades y los problemas que el desarrollo de actividades extractivas puede traer sobre otras actividades y sectores sociales asentados en dichas áreas. Sin duda, la Ley de Consulta Previa debe ser prioritaria en la agenda parlamentaria para respetar los derechos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas y nativas. Y el Estado debe asumir la responsabilidad de informar transparentemente a las poblaciones sobre los proyectos extractivos, garantizar confiables Estudios de Impacto Ambiental, ejercer una real actividad fiscalizadora sobre estos proyectos, en todos los terrenos, y, ciertamente, garantizar una adecuada participación del país y de las regiones en la gigantesca renta que hoy generan. Redefinir el manejo del sector extractivo es importante para desarrollar proyectos con licencia social y como parte de un plan de desarrollo nacional que promueva la transformación de nuestros recursos, dé valor agregado a nuestros productos y desarrolle ciencia y tecnología nacional vinculadas a estas actividades.
El espacio universitario es otro centro de conflictividad del que alertan Huancavelica, Tayacaja y Huancayo. Se crean universidades o mantienen instituciones que carecen de recursos económicos, infraestructura, material pedagógico y servicios adecuados y docentes calificados. Se ha generalizado la corrupción en numerosas sedes universitarias, conformando argollas que se enquistan en el gobierno o se reeligen ilegalmente. Ello va alimentado por la nula transparencia en las gestiones de gobierno y la falta de democracia interna que reclama la elección de las autoridades por el voto universal de los miembros de la comunidad universitaria. Estas demandas constituyen un espacio de conflicto que debe ser atendido con una nueva ley universitaria y la intervención donde se requiera.
Otros asuntos han de plantear el protagonismo del movimiento social: las demandas de los sectores laborales que reclaman por temas salariales, regímenes laborales y el abuso de las contratas y CAS, por derechos de negociación colectiva y la función tuitiva del Estado; las demandas de los pueblos originarios de ser reconocidos como tales y afirmar sus derechos integralmente; la problemática de los sectores agrarios abandonados a su suerte por un gobierno que sólo ha promovido la agroindustria exportadora y las industrias extractivas; y, ciertamente los emprendedores y pymes que están reclamando un trato promocional. Finalmente, es indiscutible que los pueblos están a la expectativa de los planes sociales de inclusión prometidos, para sentir en su bolsillo y en su calidad de vida los efectos de un crecimiento económico que ha sido ciertamente ancho, pero también ajeno para las mayorías.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/27-06-2011/movimiento-social-y-nuevo-gobiern
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Cinco años de incomprensión
Por Salomón Lerner Febres
La República, Lima, domingo 03/07/2011
Podría encontrarse una desagradable coherencia entre el comienzo y el final del actual periodo presidencial; es decir, entre la postura arrogante ante los pueblos del interior del país, que fue su sello ideológico de nacimiento, y la realidad presente de un país en vilo por protestas regionales, ante cuyas causas el gobierno que termina ha decidido cruzarse de brazos.
Desde sus inicios, en efecto, el presidente García puso de manifiesto la que sería la postura central de su gestión mediante dos artículos en los que presentaba la chocante tesis de “el perro del hortelano”. Dejemos de lado lo inapropiada, por no decir ofensiva, que resultaba la metáfora elegida por el mandatario reelecto para referirse a todo un sector de sus compatriotas. No está de más señalar, sin embargo, que ya esa imagen literaria revelaba tempranamente una aguda falta de sensibilidad, de respeto y de empatía hacia quienes manifestaban desacuerdos y sentimientos de agravio. Sin embargo, más allá de un acto retórico fallido, las ideas de fondo anunciaban las grandes limitaciones que el gobierno tendría para enfrentar con talante democrático, y prudencia política, los varios desafíos y dilemas que el Perú tenía y tiene por delante.
Dos ideas básicas organizaban el pensamiento gubernamental expresado en esos textos. La primera fue que las tareas del buen gobierno se podían condensar suficientemente bien en el deber de asegurar el crecimiento económico y que este propósito estaría bien servido a su vez si se brindaba todo el respaldo estatal y todas las facilidades y ventajas a las inversiones de naturaleza extractiva. Muchos años de reflexión sobre la importancia de convertir a nuestra economía en una actividad que se orientara crecientemente a la transformación de la materia, a la manufactura, a la producción de valor agregado, quedaron rápidamente olvidados ante el auge de los precios de las materias primas que venía desde unos años atrás, auge impulsado por la pujanza de las economías china e india.
Del mismo modo, quedaba descartada la intensa y productiva reflexión sobre cuál debería ser una concepción correcta y justa del desarrollo; es decir, la noción según la cual este solo puede ser legítimamente entendido como un proceso de incremento equitativo del bienestar humano que no puede ser únicamente alcanzado mediante el crecimiento inercial de la economía, sino que requiere de una acción pública decidida que se halle guiada por criterios de equidad. La comprensión del papel que la desigualdad, la discriminación, la exclusión y otras formas de asimetría juegan en el mantenimiento de la pobreza y la injusticia social aparecía, así, totalmente ignorada por la ideología del actual gobierno.
El segundo elemento explícito era que todos quienes protestaban en reclamo de sus derechos individuales y colectivos debían ser vistos como un obstáculo para el progreso y, en el peor de los casos, como enemigos que el Estado debería vencer. Tal visión dejaba al margen todo intento de comprender las viejas causas del descontento y de la desconfianza de pueblos secularmente engañados y reprimidos por los poderes reales. Del mismo modo, se excluía así desde un inicio el diálogo y la voluntad de entendimiento, de negociación y de concesión razonable como política gubernamental. Peor aún, en esa formulación de la ideología oficial se percibía un relente de desdén étnico que, en días recientes y como cerrando el círculo, el presidente se ha encargado de aclarar con sus despectivos (y poco informados) comentarios sobre las creencias religiosas de miles de peruanos de identidad indígena o nativa.
No hay, pues, contraste ni incongruencia entre los preceptos enunciados años atrás y la convulsión que en estas semanas afecta a diferentes regiones del país. Tampoco extraña, por desgracia, la pasividad con la que el gobierno observa tales conflictos. La poca voluntad de comprensión con la que el Perú “oficial” se ha enfrentado siempre al país del interior fue en su momento señalada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como uno de los factores clave de la tragedia colectiva que le correspondió investigar.
Como resultado de su diagnóstico, dicha comisión realizó diversas recomendaciones orientadas a asegurar la presencia justa de la autoridad democrática del Estado en todo el territorio nacional. Nada de eso ha sido tomado en cuenta hasta hoy. Por el contrario, en los últimos cinco años se han reafirmado viejos prejuicios, actitudes y dogmas que ahondan las fosas de incomprensión que nos separan y enemistan. Tocará al nuevo gobierno convencernos de que es capaz de asumir lo que sus predecesores prefirieron ignorar.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/03-07-2011/cinco-anos-de-incomprension
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Los conflictos y el nuevo gobierno
Por Martín Tanaka
La República, Lima, domingo, 26/06/2011
En los últimos días hemos tenido una reveladora muestra de la variedad y complejidad de los conflictos que existen en el país, y de lo difícil que es negociar las demandas que se presentan, dada la desconfianza que existe entre la población movilizada y las autoridades políticas, y lo habitual que se ha vuelto recurrir a medidas de fuerza muy extremas como forma de protesta. Consiguientemente, se vuelve habitual también que en el restablecimiento del orden público se produzcan muertos y heridos, lo que es inaceptable.
El presidente electo debe tomar muy en serio esta pesada herencia que le deja el gobierno de García; sin embargo, no parece hasta el momento ser una prioridad dentro de la comisión de transferencia. Hay varios asuntos urgentes: primero, definir cuál será la estrategia y la entidad responsable frente a los conflictos. ¿Seguirá siendo Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros? Este organismo debería encargarse de coordinar la acción de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, así como las acciones del Ejecutivo y otros poderes del Estado, y los gobiernos regionales; todo esto con unidad de criterio, protocolos bien establecidos, que permitan ubicar fuentes potenciales de conflicto, recomendar acciones y velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos cuya implementación corresponde a muy diferentes entidades responsables. Esto es imposible sin un gran respaldo político.
De otro lado, atacar las causas de fondo de los problemas implica un conjunto muy amplio de cambios en los marcos legales existentes. Si tomamos en cuenta solamente los conflictos ambientales y la actividad extractiva, debería considerarse que no solo urge reevaluar el pago de impuestos y regalías, también las exigencias en cuanto a responsabilidades ambientales y de relación comunitaria, así como una redefinición de las competencias y responsabilidades en los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
La bancada oficialista en el Congreso deberá incluir algunos de estos cambios dentro de una agenda legislativa consensuada con las demás fuerzas políticas, especialmente con los congresistas de las regiones más conflictivas. Está en agenda la ley de consulta previa a las comunidades indígenas, o la revisión de la ley forestal, por ejemplo.
Finalmente, el gobierno entrante debiera tener iniciativas que permitan crear un clima de distensión y diálogo que permita atender los problemas urgentes mientras se implementan soluciones de fondo (que pasan por fortalecer la zonificación económico- ecológica, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo regional, entre otras cosas).
Un pedido de disculpas por la desatención del Estado ante los reclamos de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas podría ayudar. Lo importante es entender que los conflictos no terminarán con la salida de Alan García.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/26-06-2011/los-conflictos-y-el-nuevo-gobierno
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País exigente, revoltoso, quejoso
Por Martín Tanaka
La República, Lima, domingo, 17/07/2011
Vivimos las últimas dos semanas del gobierno de Alan García, y los balances de su gestión hechos en los últimos años mantienen vigencia. En general, podría decirse que no cumplió con el gran desafío que plantearon las elecciones del 2006: combatir la exclusión social, distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico, al punto que cinco años después la agenda sigue siendo la misma, así como la votación en primera vuelta que obtuvo su rival de entonces, hoy presidente electo.
García quedó enfeudado a los intereses conservadores que le permitieron ganar en segunda vuelta, y dedicó sus esfuerzos a borrar el recuerdo de su primer gobierno “velasquista”, lo que incluyó prácticamente renunciar a cualquier intento de política redistributiva, o de movilización popular, para dejar que la gran inversión y el mercado por sí solos generaran bienestar, y al punto que la población movilizada fuera caracterizada como “perros del hortelano”.
Esto explica el que García haya sido un presidente con tan bajos niveles de aprobación ciudadana en una A. Latina en la que, por el contrario, las aprobaciones han sido altas, dado el contexto de crecimiento económico de toda la región. Según la encuesta Mitofsky de octubre del 2010, García aparece como el peor presidente en el mes 51 de su gobierno, junto a Fernando Lugo, en su mes 25. El crecimiento permitió contar con recursos fiscales que permitieron políticas sociales de gran impacto político; entre ellas considérense por ejemplo las diversas políticas de transferencias condicionadas de dinero para el combate a la pobreza, implementadas nada menos que en 18 países.
En el Perú existe el programa Juntos, pero este no ha tenido ni el tamaño ni la importancia política que han tenido programas similares en países vecinos, al punto que ha sido Ollanta Humala quien ha propuesto este tipo de programas (Pensión 65, Beca 18 y otros), aprovechando la falta de iniciativa del gobierno. Es la desconcertante desatención de lo social por parte del gobierno lo que explica los niveles de aprobación a la gestión del presidente, no el que seamos un país “exigente, revoltoso, quejoso” como señala este en la entrevista publicada el viernes pasado en El Comercio.
El presidente entendió la política social básicamente como la ejecución de obras públicas (electrificación, construcción de colegios y caminos), y en eso comparte la misma visión de gobierno del ex alcalde Castañeda. Lo que el país requiere ahora, junto con las obras, es políticas de reconocimiento, como sostenía Carlos Iván Degregori: “la percepción de no ser reconocidos como personas y ciudadanos iguales ante la ley, pero también en la vida cotidiana, aunque sean rurales, serranos y ‘motosos’, es una tara (...) que arrastramos las élites peruanas desde tiempos inmemoriales”. Combatir esas taras es una de las tareas fundamentales del nuevo gobierno.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/17-07-2011/pais-exigente-revoltoso-quejoso
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Por Carlos Castro
La República, Lima, domingo, 26/06/2011
Cuarenta y tres días después que el conflicto de Puno se extendiera por las provincias de esa región y 48 horas más tarde que seis personas, entre manifestantes y pobladores, perdieran la vida como producto de la violencia desatada en ese departamento, el presidente Alan García se pronunció para afirmar que las protestas no son contra su gobierno sino que buscan “presionar al presidente Ollanta Humala” porque sus organizadores “creen que es momento de adueñarse de una parte del poder en el cambio de gobierno”. Es de suponer que el mandatario saliente tendrá la misma percepción de los conflictos suscitados en Huancayo y Huancavelica que dejaron en este último lugar tres nuevas víctimas de la violencia social.
Peculiar forma del primer mandatario de pasar la pelota de los conflictos a su sucesor, olvidando que hace unos meses, cuando el Jurado Electoral le recordó que no podía promocionar sus obras en la campaña electoral, respondió que gobernará “hasta el último minuto de mi mandato”. Según parece cuando el Presidente hablaba de gobernar hasta el 28 de julio se refería a la inauguración de las obras públicas que tiene en su agenda: Cristo del Pacífico, tren eléctrico, Estadio Nacional, Teatro Nacional, entre otras, y no a resolver los problemas sociales que son su “regalo” a Ollanta Humala.
García dice sentirse orgulloso de haber mantenido el crecimiento del país, pero los conflictos que le deja a OH son peor que una bomba de tiempo. De los 80 que encontró cuando asumió su mandato la cifra se ha elevado a 230, según reporte de la Defensoría del Pueblo. Y de ellos 159 están activos y 71 en estado latente, con un saldo hasta hoy de 88 muertos. Aquí algunos de los conflictos que encontrará Ollanta tan pronto se instale en Palacio: Bagua y los pueblos amazónicos con su demanda de la Ley de Consulta Previa; Doe Run que lleva más de dos años paralizada; Majes- Siguas II que enfrenta a los pueblos de Arequipa y Cusco; Proyecto de la Hidroeléctrica de Inambari que es rechazado por Puno, Cusco y Madre de Dios; minería informal en Madre de Dios, cuya erradicación fue suspendida tras la muerte de dos mineros; Tía María en Arequipa, también suspendida después que las protestas dejaran 4 muertos; Islay en Arequipa; lo de la minera Buenaventura en Oyón, paralizada tras 4 muertes.
OH ha reiterado que apelará al diálogo para enfrentar el conflicto. Ante el panorama, tendrá que actuar de inmediato y no como ha ocurrido a lo largo de este gobierno, que primero rechaza los reclamos, sataniza a los manifestantes, pero después tras la protesta, el bloqueo de carreteras y el saldo de varias víctimas, termina por derogar sus decretos. Es lo que acaba de suceder en Puno, Huancayo y Huancavelica. Esperemos que los actores del gobierno que se instala este 28 de julio, en medio de una gran expectativa y esperanza de cambio, no cometan los mismos errores.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/26-06-2011/y-donde-esta-el-presidente
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Todos los muertos del Presidente
Por Vilma Escalante
Diario16, Lima, Julio 1, 2011
Faltan 28 días para que culmine el segundo gobierno de Alan García y hay un balance negativo –doloroso- que no debe perderse de vista sobre el régimen saliente. Son ciento tres los peruanos que perdieron la vida en más 250 conflictos sociales ocurridos en diferentes puntos del país, en estos cinco años. A decir de activistas de Derechos Humanos, esta trágica cifra pudo evitarse si el Estado hubiera optado por políticas de prevención, en vez de recurrir a las violentas represiones.
“Quien tiene la responsabilidad es el propio presidente Alan García”, afirmó a diario16, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo. El activista enfatizó que el mandatario no debería exhibir un espíritu festivo antes de finalizar su mandato, pues el saldo que deja su gestión es desolador.
Jugo Viera cuestionó que, para García, la solución de las protestas sociales haya pasado por la violencia y no por medio de las mesas de diálogo. “Debemos recordar que en los hechos de Moquegua, el Presidente dijo que el general (Alberto) Jordán debió disparar contra los manifestantes, llegando a afirmar que primero se dispara y luego se pregunta”, acotó.
Una cifra que también se lamenta es que en los cinco años de mandato de Alan García, es cuando más efectivos policiales han perdido la vida, precisamente por la política equivocada de García Pérez para resolver los conflictos sociales. Solo basta recordar cada protesta para que nos venga a la mente las imágenes de policías en la primera línea de ataque. El activista de derechos humanos pone como ejemplo el violento desalojo del Bosque del Pómac, en enero del 2009, donde perdieron la vida los policías Carlos Peralta Padilla y Fernando Hidalgo.
“Todo por una absurda forma de ver los conflictos donde se prioriza la participación policial a una solución política”, finalizó.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, precisó que la administración García quiso imponer una normatividad para criminalizar la protesta social y mencionó como ejemplo el Decreto Legislativo 1095, que permitía avalar el uso de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas armadas, en casos de conflictividad y protesta social.
Silva Santisteban precisó que por la indiferencia con que actúa el Ejecutivo ante una protesta, en la población se percibe la lógica que la única forma de hacerse escuchar es “la toma de carreteras”.
Debido a que dos tercios de los conflictos sociales son de carácter medio-ambiental, el representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruíz, sostuvo que el gobierno maneja una política a favor de la minería, en perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas.
“Nadie les consulta sobre las concesiones mineras y se olvidan del Convenio 169 de la OIT”, alegó. Hay que precisar que este documento establece la consulta previa a las comunidades indígenas para que decidan sobre las inversiones que hasta la fecha no es aprobada por el Parlamento.
Indicó que el gobierno ha optado durante todo su mandato por una respuesta penal represiva, en vez de una de índole político. Paradójicamente, Alan García en entrevista concedida a la revista Caretas, defiende la cuestionable política con la que su gobierno reprimió los conflictos sociales. En su ego, no hay mea culpa.
“Yo soy un demócrata y busco sobre todo que se respeten los derechos humanos y la vida de las personas. Ahora, cuando llega el momento no queda más remedio que usar las armas”, sostuvo al ser consultado por los informes de inteligencia que advertían de la toma del aeropuerto de Juliaca.
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* Tomado de: http://diario16.pe/noticia/6882-todos-los-muertos-del-presidente
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Mal comienzo, peor final
Por Fernando Rospigliosi
La República, Lima, domingo, 03/07/2011
El manejo de los conflictos en el gobierno de Alan García ha sido desastroso. Empezó mal, con Combayo, Cajamarca, y está terminando peor, con Puno y Huancavelica.
Al inicio del gobierno, los apristas, con la soberbia que los caracteriza, dijeron que el gobierno de Alejandro Toledo no había sabido manejar los conflictos sociales, que ellos, políticos avezados, sí podían hacerlo bien.
El premier Jorge del Castillo, altanero y arrogante, sostuvo que él mismo se iba a encargar de resolverlos. Su primera experiencia, en setiembre del 2006, fue deplorable. Los comuneros de Combayo bloquearon una carretera en Cajamarca y Del Castillo los recibió en Lima, con el antiminero Marco Arana incluido, y presionó a la empresa Yanacocha para que ceda a sus demandas.
La ministra del Interior dijo que no se podía aplicar la ley a los que bloquean carreteras porque son pobres.
La señal estaba clara y todos en el Perú la entendieron. Cualquier reclamo, justo o injusto, tenía que tramitarse con una secuencia de bloqueo de carreteras –o cualquier acto violento similar–, mesa de diálogo, más amenazas y capitulación del gobierno.
La política gubernamental continuó, como calcada del comportamiento errático del presidente de la República, oscilando entre la pasividad y el uso excesivo de la fuerza.
Ciento tres muertos
El gobierno aprista ha combinado los peores resultados que podían imaginarse. Ha cedido frente a casi todas las demandas respaldadas por la violencia, y en cinco años ha producido 103 víctimas fatales. (Diario16, “Todos los muertos del Presidente”, 1.7.11).
Alan García podría decir, parafraseando a Jorge Trelles, “nosotros matamos más” en conflictos sociales que cualquier otro gobierno.
En conflictos donde los revoltosos recurren a la violencia existe una alta posibilidad de que se produzcan heridos y, a veces, muertos. Pero las fuerzas del orden, con entrenamiento y equipamiento adecuados, pueden actuar con energía y firmeza reduciendo al mínimo la posibilidad de víctimas.
Usar armas como fusiles y pistolas para enfrentar desórdenes sociales debe ser la excepción, solo en caso de que haya que combatir a adversarios también premunidos de esas armas. Un caso es el desalojo del bosque de Pómac. Pero allí murieron dos policías, abatidos por facinerosos, y la Policía no aniquiló a ninguno de los agresores, que escaparon tranquilamente. Un desastre de operativo.
Armas no letales
En casi todos los casos los manifestantes están armados con piedras, hondas, palos y otros elementos que pueden causar daño, pero que no ameritan el uso de fusiles o pistolas por parte de las fuerzas del orden.
Hoy en día existen muchas armas no letales que son eficaces. Empezando con las escopetas que pueden disparar perdigones de goma o de plomo, y que usadas adecuadamente no causan la muerte ni heridas graves.
La Policía también podría usar varios tipos de vehículos antidisturbios. Sería una muy buena inversión, en lugar de derrochar millones en tanques chinos inservibles. (La República, “Ejército no puede devolver a China cinco tanques MBT-2000 por falta de recursos”, 1.7.11).
Pero el gobierno ha actuado con un desprecio absoluto por la vida de los manifestantes y de los policías, como muestra el caso de Bagua. Esa matanza, la más grande de toda la historia del Perú en un conflicto social, se produjo exclusivamente por la incompetencia del gobierno, del presidente, la ministra del Interior, el director de la Policía y los jefes del operativo.
Allí los revoltosos estaban armados de lanzas, flechas, piedras. Las armas de fuego que usaron se las arrebataron a los propios policías, muchos de los cuales se rindieron por la negligencia criminal de los responsables políticos y sus mandos.
El peor desempeño
La displicencia del presidente de la República y el gobierno tuvieron papel importante en Bagua y en los sucesos recientes de Puno. Esperaron a que los manifestantes se cansaran, cosa que no ocurrió.
En varios casos –Bagua, Pómac, Puno– ha sido evidente la presencia de gente organizada, casi militarmente, para provocar el máximo de daños. Un excelente reportaje de Ricardo Uceda sobre Puno da cuenta de ello. (Poder, “Puno: prueba de fuego”, junio 2011). Se requiere inteligencia y firmeza para enfrentarlos.
En conclusión, el gobierno aprista de Alan García ha tenido el peor de los desempeños posibles para manejar los conflictos sociales. Ha cedido casi siempre a los reclamos violentos; ha amenazado a los revoltosos con discursos inflamados que solo irritan más a los manifestantes; no ha aplicado la ley a los que han conducido y ejecutado bloqueos, secuestros, asesinato de policías y destrucción de locales –la impunidad alienta el delito–; y ha hecho uso excesivo de la fuerza con el resultado de más de cien muertos.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/03-07-2011/mal-comienzo-peor-final
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Los desnudos y los muertos
Por Nelson Manrique
La República, Lima, martes, 05/07/2011
Las muertes producidas en Huancavelica, Tayacaja y Puno no son un hecho aislado. La forma como ha manejado Alan García los conflictos sociales estos años es ominosamente resumida por las cifras; durante su gobierno 103 peruanos perdieron la vida en algo más de 250 conflictos sociales (“Todos los muertos del Presidente”, Diario16, 1/7/11): casi un muerto por cada dos conflictos sociales. Existe una directa responsabilidad de García en este resultado. En julio del 2007 promulgó el DL 982, que modificaba el Código Penal declarando inimputables a los miembros de la PNP y de las FFAA que maten o hieran a civiles en sus operativos. Se decretó esta medida en lugar de aprobar la ley de consulta a los pueblos sobre las decisiones que atañen a su porvenir, su vida y sus territorios, algo a lo que el Estado estaba obligado por ser suscriptor del Convenio 169 de la OIT. El 2008, cuando se lamentaba la muerte de tres campesinos durante el desbloqueo de una carretera, García dio a los policías el consejo de que disparen primero y piensen después. El resultado se vio en Bagua, al año siguiente.
Sun Tzu, uno de los mayores genios militares de la historia de la humanidad, escribió hace 2.500 años preguntándose cómo ganar una guerra sin tener que librar batallas. Eso es posible –explicó– si se logra crear una correlación de fuerzas tan aplastantemente favorable a uno de los contendientes que sería irracional para el otro ir a un enfrentamiento armado. Eso, trasladado a la política, supone crear consensos muy amplios en torno a las medidas que un gobernante pretende implementar, de tal manera que la oposición sea mínima y sea innecesario recurrir a la violencia.
¿Por qué no actuó García de esta manera? Según la versión oficial, el problema fue de deficiencias en la comunicación, pero la razón verdadera es otra: el grueso de los conflictos se dio en torno a las actividades extractivas, especialmente mineras, y las medidas que García pretendía imponer favorecían a las grandes empresas transnacionales e iban en contra de los intereses de las mayorías involucradas. Ante la imposibilidad de lograr un amplio apoyo, se recurrió entonces a una combinación de engaños, sorpresas, mecidas y, finalmente, bala. Da una medida de la carencia de base social de estas propuestas que en la virtual totalidad de los casos, luego de producido el saldo de dolorosas pérdidas humanas, se terminara retrocediendo y dando la razón a los protestantes, lo cual por cierto no va a devolver la vida a los asesinados.
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* Continua en: http://www.larepublica.pe/05-07-2011/los-desnudos-y-los-muertos
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Movimiento social y nuevo gobierno
Por Javier Diez Canseco
La República, Lima, lunes, 27/06/2011
A un mes del cambio de gobierno, acontecimientos violentos y sangrientos ponen en primer plano los conflictos larvados y la explosividad a flor de piel de sectores sociales excluidos, marginados o simplemente ignorados en sus demandas por un gobierno que se despide con un triste récord de muertes en conflictos sociales.
Los hechos más graves se han dado en Puno. Confluyeron varios conflictos alrededor de proyectos mineros ilegal y arbitrariamente concesionados, que no fueron materia de consulta previa con la población, que son vistos como una amenaza al agua y al medio ambiente, o tienen un impacto contaminante, desatendido por la autoridad. Numerosos muertos y heridos ha sido el precio pagado por la derogatoria de normas que se han firmado con la pluma mojada en sangre. Los acontecimientos del sur aymara, de Azángaro y Ayaviri en Juliaca parecen haber encontrado un canal de encauzamiento, pero no tocan el tema pendiente en Carabaya, donde se rechaza la proyectada megahidroeléctrica de Inambari y su impacto negativo en la zona. Puno reafirma que el centro de la conflictividad social hoy, en el Perú, está en los proyectos de las industrias extractivas y particularmente mineras.
Es indispensable una zonificación del territorio nacional que, junto a la identificación de la presencia de recursos naturales, precise la vocación de las diferentes localidades y los problemas que el desarrollo de actividades extractivas puede traer sobre otras actividades y sectores sociales asentados en dichas áreas. Sin duda, la Ley de Consulta Previa debe ser prioritaria en la agenda parlamentaria para respetar los derechos de los pueblos originarios y las comunidades campesinas y nativas. Y el Estado debe asumir la responsabilidad de informar transparentemente a las poblaciones sobre los proyectos extractivos, garantizar confiables Estudios de Impacto Ambiental, ejercer una real actividad fiscalizadora sobre estos proyectos, en todos los terrenos, y, ciertamente, garantizar una adecuada participación del país y de las regiones en la gigantesca renta que hoy generan. Redefinir el manejo del sector extractivo es importante para desarrollar proyectos con licencia social y como parte de un plan de desarrollo nacional que promueva la transformación de nuestros recursos, dé valor agregado a nuestros productos y desarrolle ciencia y tecnología nacional vinculadas a estas actividades.
El espacio universitario es otro centro de conflictividad del que alertan Huancavelica, Tayacaja y Huancayo. Se crean universidades o mantienen instituciones que carecen de recursos económicos, infraestructura, material pedagógico y servicios adecuados y docentes calificados. Se ha generalizado la corrupción en numerosas sedes universitarias, conformando argollas que se enquistan en el gobierno o se reeligen ilegalmente. Ello va alimentado por la nula transparencia en las gestiones de gobierno y la falta de democracia interna que reclama la elección de las autoridades por el voto universal de los miembros de la comunidad universitaria. Estas demandas constituyen un espacio de conflicto que debe ser atendido con una nueva ley universitaria y la intervención donde se requiera.
Otros asuntos han de plantear el protagonismo del movimiento social: las demandas de los sectores laborales que reclaman por temas salariales, regímenes laborales y el abuso de las contratas y CAS, por derechos de negociación colectiva y la función tuitiva del Estado; las demandas de los pueblos originarios de ser reconocidos como tales y afirmar sus derechos integralmente; la problemática de los sectores agrarios abandonados a su suerte por un gobierno que sólo ha promovido la agroindustria exportadora y las industrias extractivas; y, ciertamente los emprendedores y pymes que están reclamando un trato promocional. Finalmente, es indiscutible que los pueblos están a la expectativa de los planes sociales de inclusión prometidos, para sentir en su bolsillo y en su calidad de vida los efectos de un crecimiento económico que ha sido ciertamente ancho, pero también ajeno para las mayorías.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/27-06-2011/movimiento-social-y-nuevo-gobiern
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Cinco años de incomprensión
Por Salomón Lerner Febres
La República, Lima, domingo 03/07/2011
Podría encontrarse una desagradable coherencia entre el comienzo y el final del actual periodo presidencial; es decir, entre la postura arrogante ante los pueblos del interior del país, que fue su sello ideológico de nacimiento, y la realidad presente de un país en vilo por protestas regionales, ante cuyas causas el gobierno que termina ha decidido cruzarse de brazos.
Desde sus inicios, en efecto, el presidente García puso de manifiesto la que sería la postura central de su gestión mediante dos artículos en los que presentaba la chocante tesis de “el perro del hortelano”. Dejemos de lado lo inapropiada, por no decir ofensiva, que resultaba la metáfora elegida por el mandatario reelecto para referirse a todo un sector de sus compatriotas. No está de más señalar, sin embargo, que ya esa imagen literaria revelaba tempranamente una aguda falta de sensibilidad, de respeto y de empatía hacia quienes manifestaban desacuerdos y sentimientos de agravio. Sin embargo, más allá de un acto retórico fallido, las ideas de fondo anunciaban las grandes limitaciones que el gobierno tendría para enfrentar con talante democrático, y prudencia política, los varios desafíos y dilemas que el Perú tenía y tiene por delante.
Dos ideas básicas organizaban el pensamiento gubernamental expresado en esos textos. La primera fue que las tareas del buen gobierno se podían condensar suficientemente bien en el deber de asegurar el crecimiento económico y que este propósito estaría bien servido a su vez si se brindaba todo el respaldo estatal y todas las facilidades y ventajas a las inversiones de naturaleza extractiva. Muchos años de reflexión sobre la importancia de convertir a nuestra economía en una actividad que se orientara crecientemente a la transformación de la materia, a la manufactura, a la producción de valor agregado, quedaron rápidamente olvidados ante el auge de los precios de las materias primas que venía desde unos años atrás, auge impulsado por la pujanza de las economías china e india.
Del mismo modo, quedaba descartada la intensa y productiva reflexión sobre cuál debería ser una concepción correcta y justa del desarrollo; es decir, la noción según la cual este solo puede ser legítimamente entendido como un proceso de incremento equitativo del bienestar humano que no puede ser únicamente alcanzado mediante el crecimiento inercial de la economía, sino que requiere de una acción pública decidida que se halle guiada por criterios de equidad. La comprensión del papel que la desigualdad, la discriminación, la exclusión y otras formas de asimetría juegan en el mantenimiento de la pobreza y la injusticia social aparecía, así, totalmente ignorada por la ideología del actual gobierno.
El segundo elemento explícito era que todos quienes protestaban en reclamo de sus derechos individuales y colectivos debían ser vistos como un obstáculo para el progreso y, en el peor de los casos, como enemigos que el Estado debería vencer. Tal visión dejaba al margen todo intento de comprender las viejas causas del descontento y de la desconfianza de pueblos secularmente engañados y reprimidos por los poderes reales. Del mismo modo, se excluía así desde un inicio el diálogo y la voluntad de entendimiento, de negociación y de concesión razonable como política gubernamental. Peor aún, en esa formulación de la ideología oficial se percibía un relente de desdén étnico que, en días recientes y como cerrando el círculo, el presidente se ha encargado de aclarar con sus despectivos (y poco informados) comentarios sobre las creencias religiosas de miles de peruanos de identidad indígena o nativa.
No hay, pues, contraste ni incongruencia entre los preceptos enunciados años atrás y la convulsión que en estas semanas afecta a diferentes regiones del país. Tampoco extraña, por desgracia, la pasividad con la que el gobierno observa tales conflictos. La poca voluntad de comprensión con la que el Perú “oficial” se ha enfrentado siempre al país del interior fue en su momento señalada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como uno de los factores clave de la tragedia colectiva que le correspondió investigar.
Como resultado de su diagnóstico, dicha comisión realizó diversas recomendaciones orientadas a asegurar la presencia justa de la autoridad democrática del Estado en todo el territorio nacional. Nada de eso ha sido tomado en cuenta hasta hoy. Por el contrario, en los últimos cinco años se han reafirmado viejos prejuicios, actitudes y dogmas que ahondan las fosas de incomprensión que nos separan y enemistan. Tocará al nuevo gobierno convencernos de que es capaz de asumir lo que sus predecesores prefirieron ignorar.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/03-07-2011/cinco-anos-de-incomprension
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Los conflictos y el nuevo gobierno
Por Martín Tanaka
La República, Lima, domingo, 26/06/2011
En los últimos días hemos tenido una reveladora muestra de la variedad y complejidad de los conflictos que existen en el país, y de lo difícil que es negociar las demandas que se presentan, dada la desconfianza que existe entre la población movilizada y las autoridades políticas, y lo habitual que se ha vuelto recurrir a medidas de fuerza muy extremas como forma de protesta. Consiguientemente, se vuelve habitual también que en el restablecimiento del orden público se produzcan muertos y heridos, lo que es inaceptable.
El presidente electo debe tomar muy en serio esta pesada herencia que le deja el gobierno de García; sin embargo, no parece hasta el momento ser una prioridad dentro de la comisión de transferencia. Hay varios asuntos urgentes: primero, definir cuál será la estrategia y la entidad responsable frente a los conflictos. ¿Seguirá siendo Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros? Este organismo debería encargarse de coordinar la acción de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, así como las acciones del Ejecutivo y otros poderes del Estado, y los gobiernos regionales; todo esto con unidad de criterio, protocolos bien establecidos, que permitan ubicar fuentes potenciales de conflicto, recomendar acciones y velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos cuya implementación corresponde a muy diferentes entidades responsables. Esto es imposible sin un gran respaldo político.
De otro lado, atacar las causas de fondo de los problemas implica un conjunto muy amplio de cambios en los marcos legales existentes. Si tomamos en cuenta solamente los conflictos ambientales y la actividad extractiva, debería considerarse que no solo urge reevaluar el pago de impuestos y regalías, también las exigencias en cuanto a responsabilidades ambientales y de relación comunitaria, así como una redefinición de las competencias y responsabilidades en los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
La bancada oficialista en el Congreso deberá incluir algunos de estos cambios dentro de una agenda legislativa consensuada con las demás fuerzas políticas, especialmente con los congresistas de las regiones más conflictivas. Está en agenda la ley de consulta previa a las comunidades indígenas, o la revisión de la ley forestal, por ejemplo.
Finalmente, el gobierno entrante debiera tener iniciativas que permitan crear un clima de distensión y diálogo que permita atender los problemas urgentes mientras se implementan soluciones de fondo (que pasan por fortalecer la zonificación económico- ecológica, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo regional, entre otras cosas).
Un pedido de disculpas por la desatención del Estado ante los reclamos de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas podría ayudar. Lo importante es entender que los conflictos no terminarán con la salida de Alan García.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/26-06-2011/los-conflictos-y-el-nuevo-gobierno
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País exigente, revoltoso, quejoso
Por Martín Tanaka
La República, Lima, domingo, 17/07/2011
Vivimos las últimas dos semanas del gobierno de Alan García, y los balances de su gestión hechos en los últimos años mantienen vigencia. En general, podría decirse que no cumplió con el gran desafío que plantearon las elecciones del 2006: combatir la exclusión social, distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico, al punto que cinco años después la agenda sigue siendo la misma, así como la votación en primera vuelta que obtuvo su rival de entonces, hoy presidente electo.
García quedó enfeudado a los intereses conservadores que le permitieron ganar en segunda vuelta, y dedicó sus esfuerzos a borrar el recuerdo de su primer gobierno “velasquista”, lo que incluyó prácticamente renunciar a cualquier intento de política redistributiva, o de movilización popular, para dejar que la gran inversión y el mercado por sí solos generaran bienestar, y al punto que la población movilizada fuera caracterizada como “perros del hortelano”.
Esto explica el que García haya sido un presidente con tan bajos niveles de aprobación ciudadana en una A. Latina en la que, por el contrario, las aprobaciones han sido altas, dado el contexto de crecimiento económico de toda la región. Según la encuesta Mitofsky de octubre del 2010, García aparece como el peor presidente en el mes 51 de su gobierno, junto a Fernando Lugo, en su mes 25. El crecimiento permitió contar con recursos fiscales que permitieron políticas sociales de gran impacto político; entre ellas considérense por ejemplo las diversas políticas de transferencias condicionadas de dinero para el combate a la pobreza, implementadas nada menos que en 18 países.
En el Perú existe el programa Juntos, pero este no ha tenido ni el tamaño ni la importancia política que han tenido programas similares en países vecinos, al punto que ha sido Ollanta Humala quien ha propuesto este tipo de programas (Pensión 65, Beca 18 y otros), aprovechando la falta de iniciativa del gobierno. Es la desconcertante desatención de lo social por parte del gobierno lo que explica los niveles de aprobación a la gestión del presidente, no el que seamos un país “exigente, revoltoso, quejoso” como señala este en la entrevista publicada el viernes pasado en El Comercio.
El presidente entendió la política social básicamente como la ejecución de obras públicas (electrificación, construcción de colegios y caminos), y en eso comparte la misma visión de gobierno del ex alcalde Castañeda. Lo que el país requiere ahora, junto con las obras, es políticas de reconocimiento, como sostenía Carlos Iván Degregori: “la percepción de no ser reconocidos como personas y ciudadanos iguales ante la ley, pero también en la vida cotidiana, aunque sean rurales, serranos y ‘motosos’, es una tara (...) que arrastramos las élites peruanas desde tiempos inmemoriales”. Combatir esas taras es una de las tareas fundamentales del nuevo gobierno.
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* Tomado de: http://www.larepublica.pe/17-07-2011/pais-exigente-revoltoso-quejoso
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