Por Manuel Burga
La Republica, Lima, jueves, 15/10/2009
¿Por qué las universidades públicas de nuevo parecen encerradas en sus cercos perimétricos de autonomía y de ladrillo luchando consigo mismas y tratando de llamar la atención? No se trata de tomas de locales, marchas o disturbios callejeros, ni de una deriva institucional por las tempestades internas, sino más bien de una universidad en crisis que reacciona frente al abandono del programa de homologación que se inició en abril del 2006 y que ha debido concluir a fines del 2008. De nuevo las universidades públicas, teóricamente desde el 24 de septiembre, se encuentran en huelga general indefinida. Para la Fendup se trata de luchar contra políticas neoliberales más interesadas en el mercado, en la educación como servicio que se compra y se vende, que en la educación como bien público, pero considero que se trata de algo más.
Todo empezó cuando finalmente se decidió cumplir con el artículo 53 de la ley universitaria de 1983, que homologa las remuneraciones de los docentes universitarios con la remuneración básica de los magistrados del Poder Judicial. El interés por la educación superior pública parecía haber renacido, tanto como las expectativas de los universitarios. La homologación se aprobó con el DU 033 de diciembre de 2005 y el primer tramo se puso en marcha en abril del 2006. No solamente se trataba de remuneraciones, mucho antes, el 2001, ya se había iniciado la discusión de una nueva ley universitaria; se hablaba incluso, desde la gestión del ministro Nicolás Lynch, de una Segunda Reforma universitaria, que vaya más allá de la agotada Reforma de Córdoba.
Más tarde, con la llegada del gobierno aprista, el Minedu dejó de lado estos ímpetus reformistas. La iniciativa pasó a la Comisión de Educación del Congreso, la que está en manos del Partido Nacionalista desde el 2006, sin sospecha de neoliberalismo, donde, sin embargo, inútilmente se han discutido varios proyectos de nueva ley universitaria, sin resultado alguno. Se podría pensar ingenuamente que la homologación se ha detenido porque depende de recursos escasos en tiempos de crisis, lo que explicaría el incumplimiento de un compromiso de Estado y aún de la ley. Pero, ¿cómo explicar el desinterés del Congreso, de los congresistas nacionalistas, en trabajar seriamente en una nueva ley universitaria? Entonces, no se trata solamente de recursos escasos, ni de congresistas desinteresados en la educación, sino más bien de algo más complejo y propio de actualidad.
¿Cómo podría avanzar la homologación y cómo se podría promulgar una moderna ley universitaria que reflote a la universidad pública cuando los propietarios, accionistas o defensores del modelo de universidad negocio están en todas partes, en los partidos políticos, en Palacio de Gobierno, en el Minedu y en el Congreso? ¿Qué podríamos esperar de un ministro de Educación, impecable rector de una universidad negocio? Casi todos recordamos que la Fendup y los congresistas del Apra se pusieron de acuerdo, a fines del 2005, por conveniencias mutuas, para aprobar la no reelección de autoridades universitarias, lo que generó la protesta inmediata de la universidad privada y la enmienda de este dispositivo legal en el TC.
¿Por qué no se aprueba ahora la elección de autoridades en las públicas a través de la votación universal, ponderada, directa, secreta y obligatoria? ¿Por qué no se pone en marcha la homologación acompañada de un verdadero sistema de regulación que promueva la calidad en la educación superior peruana? No se trata de dinero escaso, ni de esperar que los legisladores se iluminen, ni de una nueva ley universitaria, sino de dar los primeros pasos para asegurar el futuro de la educación superior pública en nuestro país.
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Tomado de: http://www.larepublica.pe/
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Nuevo debate, viejos temas
Por Manuel Burga
La Republica, Lima, jueves, 04/02/2010
La pregunta que cualquier peruano se puede hacer, mirando al país o a sus propios hijos, es: ¿Podemos salir de la situación actual, alcanzar el desarrollo, con un “sistema educativo quebrado”, como el nuestro? Todos conocemos la respuesta y actuamos en consecuencia. Fue necesario que esta respuesta la enuncie Michael E. Porter, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, durante el Seminario Internacional “Claves de una Estrategia Competitiva”, el 30 de noviembre pasado, para que nuestro primer mandatario se sienta aludido y ofrezca una desafortunada réplica: “¿Por qué aceptamos lecciones de personas que no conocen el Perú?”.
Otro producto interesante de esta visita es el debate que se ha suscitado alrededor del artículo del economista Waldo Mendoza, En Defensa del neoliberalismo, del 20 de enero pasado, que en lo esencial nos dice que el Perú, en este momento, se encuentra en el buen grupo (Brasil, Chile, México y Colombia) y no entre los que están perdiendo la oportunidad (Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela). Como si los resultados que se pueden ver en estos países fueran consecuencia de las dos últimas décadas. La respuesta técnica la han ofrecido Humberto Campodónico, Oscar Dancourt, Pedro Francke y Félix Jiménez, insistiendo en que el modelo de desarrollo neoliberal más bien nos empobrece y reproduce una nefasta estructura primario exportadora de viejo cuño.
El mismo Porter, el domingo pasado, en El Comercio, profundiza algunas de sus agudas reflexiones y sin dejar de reconocer el avance del rendimiento económico en nuestro país, pasa a decirnos que este es consecuencia del buen precio de los “commodities” que exportamos, y esto es lo que debería preocuparnos: “Si se continúa dependiendo de los ‘commodities’ como impulsores de la economía, se acabará en un callejón sin salida”. Cuando trata de señalarnos el buen camino, nos indica el impedimento mayor: “El sistema educativo está quebrado” en el Perú. “Además de las debilidades relacionadas al capital humano, se invierte de manera insuficiente en ciencia y tecnología”. Recomienda profundizar la descentralización: “Cada región del Perú necesita una estrategia clara para construir una economía propia y única basada en las fortalezas locales”. Es decir, hacer casi todo lo que el gobierno no hace.
M. Porter no está desinformado. Todo lo contrario, su trabajo es estar bien informado sobre lo que sucede en AL, sino quién contrata las consultorías de su Instituto para la Estrategia y la Competitividad en Harvard. Hay que escucharlo, sobre todo cuando cuestiona una realidad tan evidente como el modelo de desarrollo con una estructura económica primario exportadora, con lo cual Campodónico, Dancourt, Francke y Jiménez lógicamente coinciden.
Decir que el Perú está en el buen grupo y que tenemos el modelo correcto nos podría dejar la imagen de que estamos como Brasil, Chile o México; o que, embarcados en el mismo modelo, pronto estaríamos como ellos. Esos países siempre han estado delante de nosotros en los últimos 100 años. Si no cómo explicamos, por ejemplo, que el presupuesto de la UNAM de México sea de 1,700 millones de dólares al año y el de San Marcos, su socia en la red de macrouniversidades, de 70.
El presidente García habla mucho de sus obras públicas, de las del alcalde Castañeda, pero cuando uno atraviesa el poco transitado puente del intercambio vial sobre la avenida Universitaria y contempla el campus de San Marcos mutilado, sin cerco perimétrico, me pregunto: ¿Es esta una inversión en infraestructura vial que nos vuelve más competitivos? La afirmación de Porter, “El sistema educativo está quebrado”, la puede suscribir cualquier peruano responsable. ¿No es esta una consecuencia del modelo de desarrollo de las dos últimas décadas en nuestro país?
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Tomado de: http://www.larepublica.pe/
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La orfandad del posgrado
Por Manuel Burga
La Republica, Lima, jueves, 04/03/2010
Algo similar dijo Michael Porter para el sistema educativo peruano y lo mismo se puede decir para la educación superior pública y especialmente para el posgrado universitario. Esta es la triste realidad. Es decir que al llegar a la cúspide de un sistema educativo, a la anhelada meta que persiguen los gobiernos y los individuos que quieren ser maestros y doctores, se descubre que no existe ningún programa estratégico.
Los resultados de esta ausencia del Estado: San Marcos, por ejemplo, debe tener 29 mil estudiantes en pregrado y 6 mil en el posgrado, del cual deben egresar anualmente 600 y no se gradúan ni el 5% de los egresados, en los dos años siguientes.
En la universidad pública el pregrado es gratuito, cuando se tenía entre 18 y 23 años, y se podía recurrir al apoyo familiar y no era necesario investigar para aprobar los cursos. Ahora, en el posgrado, entre los 27 y los 35 años, cuando ya no hay ayuda familiar, sino más bien obligaciones familiares, no hay quién apoye estos estudios, sea en San Marcos y en cualquier otra pública. En algunas privadas, el posgrado es el gran negocio, pero también en las públicas, en las cuales sirve para pagar algo más a sus docentes de más calidad.
Muchos universitarios, en los 60, tuvimos la suerte de gozar de una beca de estudios en el extranjero y culminar una tesis doctoral que pronto pudimos convertir en libro. Ahora ese tipo de becas se han reducido a su mínima expresión, e incluso ha desaparecido.
Los perjudicados son países como el nuestro, que no tienen programas públicos de reemplazo. El gobierno peruano, en un gesto sin institucionalidad, pero con fotografías en Palacio, entregó 111 becas el 2009, que algunas autoridades universitarias, sin vergüenza alguna, entregaron a sus estudiantes políticos, que los sostienen.
Existe, desde el 2008, contrariamente, el Sistema Bicentenario Becas Chile que “tiene como objetivo fundamental la definición de una política de largo plazo de formación de capital humano avanzado en el extranjero”. Es un proyecto de grandes dimensiones que ofrece 2000 becas anuales, bien pertrechadas, para profesionales chilenos que deciden hacer sus maestrías y doctorados en el extranjero. Su meta es contar, en un plazo de 10 años, “con más de 30,000 maestros y doctores formados en el exterior”.
Esto podría parecer un evento coyuntural, pero no lo es. Un breve artículo de Adolfo Melfi, ex rector de la USP de Sao Paulo, y de Shozo Motoyama, profesor de la misma U., “La educación superior en Brasil”, que se publicará en España, en un libro colectivo, ilustra a cabalidad este proceso.
Nos indican que la inversión brasileña en educación se inició en los 60 y que ahora tienen un posgrado con un enorme respaldo estatal. Brasil es un país de 190 millones de habitantes, pero sus becas de posgrado simplemente nos dejan sin aliento: “En 2008, el sistema recibió de las agencias federales (CAPES y CNPQ) 57,785 becas, siendo 33,518 para los programas de maestría y 24,267 para los de doctorado” (Melfi y Motoyama).
¿Qué ha sucedido en nuestro país donde el Ministerio de Educación está informalmente albergado en alguna parte y en Brasil ocupa el mismo edificio –diseñado por Oscar Niemeyer– desde 1946? Este hecho ya sería emblemático de la ruina de nuestro sistema educativo público. ¿Por qué se abandonó a la educación pública en los años 70 y 80? No hay respuestas convincentes.
Lo cierto es que hoy, ante la escasa inversión pública, la educación privada ha crecido anómalamente, no para suplir esta ausencia, sino más bien para hacer negocio del infortunio y demoler los ahora escasos centros de excelencia educativa, en las universidades públicas y privadas.
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Cifras de una crisis
Por Manuel Burga
La Republica, Lima, jueves, 01/04/2010
Hace dos semanas el proyecto de nueva ley universitaria fue técnicamente archivado en el Congreso, como otra muestra del desinterés por la educación nacional, sin embargo Mercedes Cabanillas, sin sonrojo, ni mueca alguna, argumentó lo contrario, para su caso personal. ¿Cuán profunda en realidad es la crisis de la educación pública peruana? CAD, Ciudadanos al Día, acaba de publicar su Boletín electrónico 62, donde analiza a las universidades públicas. Las cifras y gráficos que se exhiben desnudan una crisis que ya parece grave. El total de universidades ha subido a 98: 35 públicas y 63 privadas. Las privadas representan el 64.3 del total de universidades, un récord en AL, quizá también en el mundo occidental.
Podríamos ahora decir que un alto porcentaje de los 22 mil docentes de las públicas trabajan en las privadas, como hacen los policías cuando fuera de sus horarios de trabajo prestan servicios de seguridad a bancos y empresas privadas. Nadie podrá calcular esta dimensión del deterioro de la enseñanza universitaria, pero podemos suponer que es notable y degradante. Aunque no podemos negar que los docentes también se benefician de esta anomalía, ya que así completan sus magros salarios, aunque sin duda alguna las privadas ganan más con muchos profesores baratos por horas.
El presupuesto de las universidades públicas, entre 2006 y 2010, ha pasado de 1665 a 2346 millones: un apreciable incremento del 41% en menos de cinco años, que se diluye cuando examinamos, por ejemplo, el presupuesto de San Marcos que ha pasado de 232 a 294 millones, reduciéndose el incremento al 20%, porcentaje que más bien refleja el cumplimiento parcial de la homologación. El otro 20% del incremento parece estar destinado a las universidades públicas nuevas. Entonces, si descontamos la inflación de estos cuatro años, el incremento para la mayoría de las públicas simplemente desaparece.
Esta situación se vuelve preocupante cuando analizamos las partidas genéricas de cada presupuesto y constatamos que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para Gasto de Capital, incluyendo inversiones en infraestructura. Esto convierte, indudablemente, a las universidades públicas en una suerte de cajeros automáticos de gente mal pagada. El presupuesto de las universidades públicas, por otro lado, tiene dos fuentes de financiamiento: un 60% viene del Tesoro Público, un 30% son recursos propios y un 10% son donaciones, transferencias y canon. Las oficinas de Economía y Tesorería de estas universidades en realidad manejan solo ese magro 20% del Tesoro Público, más sus recursos propios, el 80% el MEF lo deposita mensualmente en las tarjetas multirred de docentes y trabajadores.
Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que las públicas no ejecutan completamente sus presupuestos. Para el año 2009 hay solo cuatro universidades que gastaron todo. Las 31 universidades restantes no lo pudieron hacer. San Marcos, de nuevo, ejecutó el 92% de su presupuesto asignado; lo que podría parecer bien. Pero si este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas tenemos que dejó de gastar 24 millones: con lo que hubiera podido construir dos facultades.
Esta situación se vuelve dramática cuando constatamos que la UNSAAC de Cusco y la U. de Cajamarca, ricas en canon, han ejecutado solamente el 48 y 43%, respectivamente, de sus presupuestos 2009. Entonces, la crisis de la universidad pública ya grave cuando miramos la calidad académica, las gestiones erráticas, la ausencia de planes estratégicos y de investigaciones trascendentes, palidece cuando nos encontramos con burocracias universitarias ineficientes, lentas y probablemente corruptas.
¿Le interesa acaso esta realidad a la anodina Comisión de Educación integrada por tontos útiles y por cómplices de los comerciantes de la educación superior universitaria en el país?
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Voto universal
Por Manuel Burga
La Republica, Lima, jueves, 10/06/2010
El martes 8, como la semana pasada, acudí como invitado a la Comisión de Educación del Congreso de la República para presenciar una sesión ordinaria donde se debatiría la propuesta de Nueva Ley Universitaria concluida el 15 de julio de 2009 y que desde entonces espera su aprobación para pasar al pleno. El martes 1 no hubo quórum y en la segunda oportunidad solamente se aprobó, en polémica segunda votación, una norma para no hacer nada: “se archiva”, dijo el presidente de la comisión.
En realidad el interés por una nueva ley universitaria se inició el 2001, en que se anunció la necesidad de una “Segunda Reforma Universitaria”, cuando era rector de la UNMSM. Pero asisto cada vez que esta Comisión me invita, y con cierta regularidad desde el 2006.
He participado también en tres reuniones regionales donde se presentaron anteriores propuestas, que nunca lograron cuajar ni suscitar auténticas discusiones técnicas, a pesar del interés que pusieron los sucesivos presidentes de esta Comisión.
Nueve años han transcurrido. Ahora las universidades privadas (59) son más numerosas que las públicas (35) y la matrícula en las primeras es mayor que en las segundas. Ambas atraviesan por dificultades, pero así como han avanzado los comerciantes de la educación superior, la pública ha caído en una crisis profunda. Algunas están intervenidas, como la pública de Huacho; la Villarreal pasa un mal momento y San Marcos camina peligrosamente hacia un caos de impredecibles consecuencias. Pero hay señales de un nuevo interés por la universidad peruana. El gobierno autorizó recientemente el pago de una parte de la homologación adeudada y la Nueva Propuesta de Ley que está en debate en la Comisión de Educación es lo mejor que he visto en los últimos 10 años.
Se ha dejado de lado el discurso de la Segunda Reforma Universitaria para pasar a proponer cambios concretos que podrían sacar a la universidad pública de su situación actual y por este camino dinamizar al conjunto de la educación superior en el país. La propuesta tiene 15 capítulos y 82 artículos. Trae cambios importantes, sin afectar a la privada, sino inteligentemente promoviendo a la pública, como hacen Brasil y Chile. Se crea el Sistema Nacional Universitario y el Consejo Nacional Universitario como organismo rector y regulador. Se promueve la investigación universitaria y se premia a la calidad académica.
Me parece de suma importancia, algo que nos acerca a los modelos modernos, que es la reducción del tamaño de los órganos de gobierno: la Asamblea Universitaria pasa a tener 36 integrantes, el Consejo Universitario 12 y el Consejo de Facultad 9, como máximo, respetando los tradicionales tercios en la representación. Pero lo que más me llama la atención es el capítulo V, donde se propone un cambio sustancial en el gobierno universitario a través del voto universal, secreto, obligatorio y ponderado para elegir rector, vicerrectores y decanos en las públicas. De esta manera probablemente se termine con la indiferencia de docentes y estudiantes, que ahora votan para que otros (las clientelas) elijan autoridades.
Esta propuesta es sumamente interesante y compleja, y por eso mismo ya no hay tiempo para aprobarla íntegramente. Habría necesidad de mucho debate, pero si esto es difícil ¿por qué no aprobar la votación universal, 10 artículos principales y dos transitorios? Así se podría iniciar una nueva etapa en la historia de la universidad peruana y prepararla para todos los cambios trascendentales que vendrían después. Es una tarea urgente e importante que el actual Congreso tiene el derecho y el compromiso de hacer, para así responder a las expectativas de quinientos mil jóvenes e iniciar por fin la esperada recuperación de la universidad pública peruana.
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La dictadura de asamblea
Por Nicolás Lynch
La Republica, Lima, martes, 29/06/2010
La semana pasada con la aprobación de una ley en el Congreso de la República que establece el voto universal y ponderado para elegir rectores y decanos se podría haber dado, de no mediar el veto presidencial, un primer paso para terminar con el asambleísmo en las universidades nacionales.
Contra lo que comúnmente se cree, buena parte de las universidades nacionales han sido gobernadas no por una mayoría democrática de profesores y estudiantes que decidían mediante elecciones, sino por el arreglo bajo la mesa entre diferentes minorías para repartirse la pobreza universitaria. Y en caso de que tal arreglo no pudiera concretarse, por el control de la minoría con mejor capacidad de movilización para imponer, por las buenas o por las malas, su criterio al conjunto. Este fenómeno en la ciencia política se llama “dictadura de asamblea”. La careta democrática del sistema no le quita su esencia autoritaria: decide la arbitrariedad del más fuerte por la vía de los hechos. Los resultados están sobre la mesa: es el gobierno de la mediocridad, el radicalismo y la corrupción.
La ley aprobada reduce drásticamente el tamaño de los organismos colegiados, asamblea y consejos, para darles mayor agilidad de funcionamiento. Saca a los decanos de la Asamblea Universitaria y reduce su número en el Consejo Universitario, para evitar que con su poder feudalicen la universidad. Pero, lo más importante, retira de la Asamblea Universitaria y del Consejo de Facultad la elección de rector, vicerrectores y decanos, con lo cual libra a estos organismos de la potestad más perniciosa que tenían, fuente de la mayor cantidad de componendas y corruptelas en su seno, para dársela, directamente, a la comunidad universitaria.
Lo hace, además, manteniendo la proporción de dos tercios de profesores y un tercio de estudiantes, en los organismos señalados y en la elección misma. Es cierto, el sufragio universal y ponderado no es un sistema perfecto, pero tenemos la esperanza de que la luz pública sea más propicia que las sombras para darnos mejores autoridades.
En este contexto, la protesta de la ANR no nos sorprende. Muchos de los rectores que la conforman han sido producto de este criticado sistema asambleístico que ha colocado, entre otras causas, a la universidad peruana en la postración en la que está. Siempre, por supuesto, hay excepciones. Pero, como dicen, “una golondrina no hace el verano”.
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Tomado de: http://www.larepublica.pe/
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