Las tres economías del Perú: formal, informal y delictiva

Mega proyectos: el caballo detrás de la carreta


Por: Francisco Durand

Otra Mirada, Artículo Nº 42, 18/09/2012

Uno de los problemas que enfrenta el país desde que se reactivó el modelo extractivista en 1990 es haber dado grandes incentivos a la inversión, protecciones como los Contratos de Estabilidad Jurídica, salvaguardas en tratados de libre comercio y exoneraciones de impuestos sin haber diseñado al mismo tiempo un sistema de consulta y negociación con los pueblos y regiones afectadas por los mega proyectos, sin dar un reconocimiento de sus derechos ni crear un sistema amplio de diálogo y resolución de conflictos.

Ante esta falta, propia de un país con mentalidad de convoy, cuyos gobernantes se dejan llevar por los poderes fácticos, cada empresa ha negociado en privado sus proyectos de inversión y obtenido así las licencias y permisos del Estado para luego desarrollar proyectos por su cuenta (a veces coordinando o consultando con los gobiernos regionales), incluyendo sus programas de “responsabilidad social empresarial” y operando en muchos casos a ciegas en un medio social que desconocían.

Al desatarse la ola de inversiones con la bonanza exportadora que se inició en el 2003, los problemas lejos de solucionarse, se han agravado. Este se debe a la falta de respeto del Estado y el interés inmediatista de los grandes inversionistas en un lucro alto de corto plazo, que pone la inversión por delante de las preocupaciones de los pueblos y comunidades. Esto ha desatado una dinámica de conflictos.

Si hacemos una reflexión del pasado inmediato, notamos que apenas cayó el régimen represivo fujimorista que dio origen a este sistema, la protesta local y regional se convirtió “en la única manera de hacerse oir” por la terca insistencia en mantenerlo. Las propias fallas del Estado y las corporaciones incentivaron entonces la protesta, lo que abrió espacios a posturas radicales, con lo cual la conflictividad escaló posiciones, generando incluso episodios de crisis de gobernabilidad. Para agravar las cosas entró en acción un “chorreo” de rentas que privilegió ciertas localidades y regiones y dejó abandonadas al resto. De pronto ocurrieron otras protestas para proteger las rentas, agrandarlas o exigirlas, surgiendo incluso disputas entre regiones.

El “Arequipazo” del 2001 fue la primera señal de que el pueblo exigía participar en las grandes decisiones de la inversión privada. Con la llegada del gobierno de García se quiso justificar este sistema con la teoría del “perro del hortelano”. Se argumentaba que las protestas eran planteamientos absurdos de primitivos que “no comían ni dejaban comer” porque se oponían a los proyectos de inversión. Luego vino la suspensión de Majaz y Tambogrande, Tía María y otros, además del Baguazo, lo que colocó en agenda la importancia de la consulta previa y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

A partir del 2012, a pesar de haberse aprobado la ley de Consulta Previa, el gobierno de Humala ha perdido una oportunidad histórica de superar este sistema de inversiones como se evidencia en el caso de Conga, al no ser capaz de exigir nuevos estándares ambientales y de consulta con la población y terminar cediendo a las presiones de la derecha de ver a los dirigentes de la protesta de Cajamarca como “enemigos del Estado” que debían ser reprimidos policial y fiscalmente, para luego girar a una posición de diálogo.

Concluimos que “Conga va”, frase enunciada por el presidente y las idas y venidas del proyecto ahora paralizado, son parte de un viejo problema que requiere ser solucionado. Visto este panorama de manera amplia y tomando en cuenta las principales aristas del problema, observamos que quienes tomaron las decisiones pusieron la carreta delante del caballo. El sistema de arreglo de inversiones a puerta cerrada ya no funciona y es hora de reemplazarlo por otro en un diálogo nacional amplio para evaluarlo, cambiar de postura e ir revirtiendo esta situación, reconociendo los derechos de los pueblos, dando las medidas legales necesarias (entre las cuales falta una Ley de Pueblos Indígenas), negociando con transparencia las inversiones y llamando a un diálogo y negociación con entidades representativas empresariales en lugar de arreglos ocultos con empresas privadas.

- - - -

* Tomado de: www.otramirada.pe

http://www.otramirada.pe/content/mega-proyectos-el-caballo-detr%C3%A1s-de-la-carreta

= = = =

El problema del Estado permisivo

Por Francisco Durand

Otra Mirada, Artículo Nº 51, 04/10/2012

A propósito del nuevo record nacional de 65,000 hectáreas de hoja de coca, que casi alcanza a Colombia, conviene nuevamente elevar la vista y mirar los grandes problemas nacionales. En la entrega anterior, “Megaproyectos: la carreta delante del caballo”, argumentamos que el sistema de inversiones neoliberal ha incentivado a los grandes inversionistas formales sin reconocer en paralelo los derechos de los pueblos afectados ni desarrollar formas efectivas de mediación de conflictos. En este artículo añadimos un factor más en la ecuación de baja gobernabilidad para entender la dificultad de ir a un pacto social debido a la incapacidad operativa del Estado frente a los agentes económicos no formales.

Nos referimos a la informalidad y las economías delictivas, que han crecido también a gran velocidad, fortaleciéndose y ampliando sus radios de acción en todo el país. Así como las autoridades han sido permisivas con los grandes inversionistas extranjeros y los grupos de poder nacionales, han sido igual o más permisivas con las actividades informales y delictivas, que se han desarrollado con gran dinamismo, como es el caso de la minería informal, la falsificación de billetes, el contrabando a gran escala y la producción de cocaína; todas en alza.

Al comparar la relación de las economías no formales con el Estado y la sociedad llegamos a la sorprendente conclusión de que operan con más facilidades y tienen mayor aceptación popular que los megaproyectos formales. En primer lugar, las no formales contribuyen mucho más al empleo, teniendo mayor impacto entre peruanos pobres, operando en zonas más amplias del territorio nacional e invirtiendo más en las economías locales y regionales. En segundo lugar, para operar no requieren de lobistas o abogados de grandes estudios, ni de capturar el MEF en acuerdos de aposentos, sino principalmente de coima, con lo cual se ganan rápidamente la lealtad de las autoridades coludidas con ellos. Si estos pagos representan el 10% de sus costos y mueven $4,000 millones al año, quiere decir que para operar con impunidad las coimas pueden llegar a aceitar manos por $400 millones. Este simple cálculo, probablemente subestimado, indica la capacidad de erosión institucional que tienen y explica el inmovilismo de las autoridades, sean nacionales, regionales o locales.

Curiosamente, dichas economías no generan conflictos sociales sobre salarios, contaminación o rentas por estar los trabajadores subyugados a los empresarios informales y lumpen y por su mejor inserción social. Solo se defienden cuando no las dejan operar –caso de la minería informal, que da empleo a 250,000 personas-, es decir, el Estado central de pronto reacciona cuando se siente desbordado o la opinión pública le exige que actúe.

Concluimos que la situación del Estado frente a los agentes económicos y sociales principales de la sociedad es precaria. Desde el punto de vista de la capacidad para ejercer autoridad y defender el interés social y nacional, estamos en problemas por tener un Estado cascarón, poroso, fácilmente penetrable por intereses económicos de todo tipo (formales, informales, delictivos), mayormente inefectivo en lo social y débil en la administración de justicia.

En suma, enfrentamos un panorama institucional en problemas por no haberse discutido los requisitos de un pacto social cuando se desató la ola de inversiones, y por no haberse reformado el Estado como para operar con autoridad y capacidades de gestión a medida que se generaban o desarrollaban estas nuevas economías. Esa es la mayor falla de la clase política nacional neoliberal que maneja los hilos del poder desde 1990 directa o indirectamente gracias a los poderes fácticos. Por lo mismo, la predicción más probable es que sigamos operando en condiciones de baja gobernabilidad y alta incertidumbre.

La solución, ciertamente es compleja y de mediano plazo, pero al menos acordemos que pasa por reformas para generar lo que Oscar Ozlak llama “estadidad”. Es decir, capacidades operativas del sector público frente a todos los agentes económicos y sectores sociales como para sostener un pacto social donde unos obedecen la ley y contribuyen con sus impuestos, mientras el Estado genera condiciones de seguridad y desarrollo para la colectividad. Todos los tipos de empresarios (formales, informales y delictivos), aunque no coordinen, son responsables de este resultado al haber instrumentado el Estado e impedido que se desarrolle. Solo una clase política alternativa no comprometida con estos variados intereses puede enfrentar este grave problema.
- - - -

* Tomado de: www.otramirada.pe

= = = =